El recorte de la dependencia supera el 25 % en los casos mas graves

dependencia

En este artículo detallamos algunos hechos que nos parecen destacables principalmente el recorte en las ayudas a los cuidadores familiares. En la publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad se ha modificado sustancialmente la Ley de Dependencia.

Tras la lectura del BOE del 14 de Julio entre las páginas

  50462 a 50466 y 50502 a 50503, observamos que se produce un recorte inmediato de las prestaciones de los cuidadores familiares: 

 

Disposición transitoria décima. Cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de la prestación vinculada al servicio.

1. Hasta tanto se regule reglamentariamente, para los beneficiarios que a la entrada en vigor de este real decreto-ley tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia, las prestaciones económicas se mantendrán en las cuantías máximas vigentes a dicha fecha, excepto para la prestación económica por cuidados en el entorno familiar que serán las siguientes:

Grado y nivel

Prestación económica por cuidados en el entorno familiar

      • Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2 .442,59 €
      • Grado II, Gran Dependencia, Nivel 1 .354,43 €
      • Grado II, dependencia severa, Nivel 2 .286,66 €
      • Grado II, dependencia severa, Nivel 1 .255,77 €
      • Grado II, dependencia moderada, Nivel 2 .153,00 €

Este recorte significa una bajada en las prestaciones del 15 %

Pero en los casos de nuevos beneficiarios que a partir de ahora lo soliciten o que aun se esté tramitando su solicitud y no tenga aun reconocido el correspondiente grado, se les aplicarán los nuevos grados, en los que se eliminan los niveles 1 y 2 de cada grado. Estos nuevos grados tienen otras prestaciones:

2. Hasta tanto se regule reglamentariamente, a los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley respecto de los que no exista resolución administrativa de reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a los nuevos solicitantes, les serán de aplicación las siguientes cuantías máximas:

Grado

Prestación económica por cuidados en el entorno familiar

      • Grado III  387,64€
      • Grado II  268,79 €
      • Grado I  153,00 €

Según esto, el recorte que tendrán los que hasta la fecha eran grandes dependientes de Grado III nivel 2 que en casos como en la Comunidad de Madrid estaban cobrando 520,69 € será en los próximos meses de un recorte del 15 % igual que al resto de grados, pero en el momento que se complete la reglamentación al nuevo método de aplicación de los grados, la rebaja resultante para estos beneficiaros, es de mas de un 25 %. 

Junto a este recorte de derechos, se suma la supresión de la cotización de los cuidadores en el ámbito doméstico. Hecho que es un auténtico contrasentido del espíritu de la propia ley. Es cierto que una gran parte de los cuidadores en el entorno familiar cotizan a la seguridad social por otras vías, sean trabajadores autónomos o empleados por cuenta ajena, lo que en el fondo significa que realizan otras actividades.

Pero precisamente los cuidadores que no cotizan en otros regímenes, en la mayoría de los casos es debido a la necesidad de cuidar del dependiente. Dicho esto, ¿que sentido tiene eliminar esas cotizaciones? ¿Realmente suponen un ahorro al estado? Desde Progenitores creemos que no y es un grave perjuicio a este colectivo.

Por otra parte el gobierno ha decidido crear el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que será el órgano compuesto principalmente por miembros de las diversas Comunidades Autónomas, y que será quien redacta los nuevos criterios de valoración que aplicarán las diversas Autonomías. Estos nuevos baremos deberán estar basados en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) adoptada por la Organización Mundial de la Salud, y deberán ser públicos y únicos de aplicación. Esperemos que estos nuevos criterios de valoración se desarrollen en base a criterios asistenciales y no políticos-económicos.

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